Miedo al ‘día después’: Puigdemont intenta ganar seis meses hasta la independencia

Aunque el próximo lunes está convocado un «pleno ordinario excepcional» en el Parlament, el presidente catalán, Carles Puigdemont trata aún de ganar tiempo antes de una eventual proclamación de la independencia.

Nadie asegura que en esa sesión se vaya más allá de una valoración de la celebración del referéndum ilegal, aunque las presiones de la CUP y de ERC sean cada vez más intensas para que de ese pleno salga ya una independencia declarada. El orden del día solo incluye la comparecencia de Puigdemont, aunque es cierto que eso no indica nada, porque los antisistema podrían alterar el orden previsto y pedir que se vote esa declaración, como ya se hizo con las leyes de ruptura. Pero, del mismo modo, tampoco nada lo garantiza.

En su declaración institucional, este miércoles, el dirigente golpista no hizo mención alguna a esa declaración de ruptura, lo que alimenta aún más la tesis de que el catalán está por estirar los plazos. En concreto, hasta seis meses, sugieren en su entorno, el tiempo que la propia Ley de Transitoriedad contempla hasta la proclamación efectiva de la República.

El presidente catalán se encuentra encapsulado entre dos bandos: el de la CUP, ERC y las organizaciones separatistas, que presionan con fervor porque la independencia sea un hecho el mismo lunes, y su propio partido. En un sector bien nutrido de convergentes arrecian los temores por el ‘día después’ y por las consecuencias de proclamar la independencia en un entorno de máximo enfrentamiento con el Estado, sin reconocimiento internacional y sin garantía alguna. En ese ámbito, se plantean tesis que van desde aplazar la independencia durante meses, hasta encontrar una solución pactada con el Estado o incluso, convocar unas elecciones.

En ese contexto, el recurso in extremis para ganar tiempo es el de la mediación. Internacional, como el propio Puigdemont requirió en su intervención, ya el domingo. Y ahora, nacional.

La propuesta de Podemos de encontrar un interlocutor consensuado entre el gobierno central y autonómico ha sido un balón de oxígeno para los convergentes, que instan ahora a Rajoy a mover ficha en busca de diálogo. Preguntados por si eso implicaría dejar apartada la declaración de independencia, se muestran igual de esquivos que el mismo president: «Hay tiempo».  Una actitud que dista de la defensa firme de la secesión que sí exhiben los más radicales del Govern.

Las dudas del ‘día después’

La iniciativa de Iglesias-acordada este miércoles en una reunión en el Congreso con las formaciones independentistas-es así un respiro para el propio gobierno catalán, que, tras consumar el referéndum ilegal, se enfrenta a sus propios ‘vacíos’.

La Ley de Transitoriedad-suspendida por el Tribunal Constitucional- contempla, efectivamente, una negociación con el Estado, que implicaría por un período de al menos seis meses a actores de uno y otro lado con el fin de hacer efectiva la República catalana.

En el gobierno de Puigdemont se sabe a ciencia cierta que esa negociación es imposible, que el Ejecutivo jamás colaboraría y que todo «sería muy complicado». De esas conversaciones dependerían acuerdos fundamentales para el hipotético Estado independiente: desde la transferencia de funcionarios o bienes del Estado en Cataluña, a los asuntos judiciales ahora pendientes sobre el Govern y todo lo relativo a la Hacienda y Seguridad Social, dos asuntos, estos últimos, totalmente relevantes. Por eso, incluso el propio Gobierno desconfía de que Puigdemont acabe declarando la independencia en los próximos días.

En Moncloa se critica el «chantaje brutal»

En Moncloa se ha respondido a la propuesta de la mediación con el mismo criterio que se repite desde hace meses: «El presidente le ha explicado que lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la Declaración Unilateral de Independencia. Que eso no es negociable. Y que no se puede tratar con quienes plantean un chantaje tan brutal al Estado», alegan fuentes gubernamentales. Una versión que contradice la de Iglesias, que, apenas dos horas antes, presumía en el Congreso de que Rajoy no había descartado su iniciativa.

La propuesta de Podemos revela, eso sí, un inédito cambio de tono de Podemos hacia el presidente del Gobierno, a quien en los últimos días habían exigido incluso la dimisión.

De hecho, el mismo domingo, Podemos llegó a descartar a Rajoy como interlocutor válido en el conflicto catalán, al considerar que su estrategia de «represión y violencia» les había «inhabilitado» para llegar a cualquier tipo de acuerdo. Ahora, no solo es interlocutor, sino que aceptan ahora que Rajoy forme parte del diálogo, al menos en una primera fase, consistente en sentarse con el presidente catalán para buscar entre ambos a una persona o grupo de mediadores de confianza para ambos gobiernos que sea capaz de encauzar una posible solución.

«Queremos pedirles a los dos que se pongan de acuerdo en una mediación, que se sienten en una mesa para discutir en principio exclusivamente de una persona o un equipo de personas que puedan mediar para iniciar un diálogo político que por desgracia esta roto», afirmó Iglesias durante su comparecencia en la Cámara Baja.

Desde Podemos rechazan avanzar en quién podría ser ese mediador, aunque sí se sugieren «contactos discretos» desde hace días. Desde el PDeCAT no verían mal que fuera algún representante de la Iglesia quien asumiera ese papel, según fuentes de la formación independentista. Por su parte, en ERC se decantan por un miembro de instituciones internacionales o estatales «que se haya distinguido por su relevancia social».